No han sido ministros de salud quienes han dado solución a la pandemia del COVID 19, sino expertos académicos en microbiología molecular pertenecientes a la incipiente comunidad científica de nuestro país. No ha sido el Estado quien ha podido abastecer y canalizar la ayuda social hacia la ciudadanía que ha perdido sus ingresos para la subsistencia, han sido las fundaciones de la iniciativa privada quienes han ejercido una cierta función supletoria que el Estado tiene la responsabilidad de asumir en virtud del principio de subsidiariedad.

En su dimensión activa el principio de subsidiariedad consiste en la intervención asistencial que realiza un organismo social superior a favor de grupos sociales menores, especialmente en tiempo de crisis, cuando estos últimos no puedan satisfacer las necesidades de sus administrados. Un ejemplo típico de estos casos se da cuando el Gobierno Central asume excepcional y temporalmente alguna competencia cuya exclusividad recae por Ley en un municipio, como el mantenimiento de la vialidad o la gestión del agua potable, alcantarillado, y aguas residuales, tal como ocurrió con los cantones Machala, El Guabo y Pasaje por parte de la Autoridad Nacional del Agua en el año 2012.

No obstante, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno no ha podido responder a las graves necesidades generadas en la población por el coronavirus. Su incapacidad de operación para auxiliar de inmediato a la ciudadanía dadas las asimetrías entre la velocidad de respuesta ante el número de emergencias, el desmoronamiento de las economías familiares y hasta la falta de previsión en control sanitario, nos ha hecho mundialmente conocidos por no poder sepultar a nuestros fallecidos. No podemos culpar única y absolutamente a los gobiernos porque no estamos señalando el origen un problema en la arquitectura jurídica del Estado que permite que cualquier advenedizo sin ninguna experiencia ni conocimientos previos pueda encabezar un Ministerio, todo está al sumo arbitrio del Jefe de Estado. En la designación de autoridades para ministerios de ramos, no participan con plenos derechos las grandes organizaciones que representan a los sectores funcionales de la sociedad, sino las cuotas de sumisión a partidos políticos.

El modelo de gobierno burocrático, centralista e hipertrofiado ha demostrado un fracaso para responder ante emergencias, y aquí queremos ser claros, no ponemos en duda la invaluable ayuda de los hospitales públicos o de las fuerzas del orden en estos momentos, no nos referimos a eso; nuestro reclamo se encamina a señalar la desproporción existente entre los grandes recursos que posee el Estado por recaudar nuestros impuestos comparada con su escasa capacidad para socorrer a la población de inmediato en circunstancias como las que vivimos. Ya no existe norma que refiera a otro nivel subsidiario a quien recurrir ante la ineficacia de todos los niveles de gobierno del Estado en el ejercicio de sus competencias: sólo quedó la ciudadanía que desde la esfera privada está empezando a dar apoyo al país por parte de las comunidades científicas, empresariales, ganaderos, agricultores, profesionales, la Iglesia, los gremios, etc.

Sin la intervención de la sociedad civil actualmente ningún gobierno podría abastecer a la población ante esta crisis. Somos testigos de un desengaño generalizado de la opinión pública, que poco a poco empieza a tomar en cuenta de la insuficiencia de la estructura estatal, y en consecuencia: ¿No será tiempo de proponer nuevas formas de redistribución del poder político a favor de la sociedad civil? ¿No será el momento de reflexionar sobre la excesiva concentración de poderes electorales en partidos políticos? ¿Hasta cuando los que no pertenecemos a organizaciones partidistas observaremos que se excluya a la gran mayoría de ciudadanos de la conducción de los destinos del país?